La pandemia de la violencia contra los pueblos indígenas, no da tregua.

Los suscritos autoridades indígenas de los territorios ancestrales de Jambaló y Pioyá, en usos de facultades legales que le confiere la Ley de Origen, El derecho Propio (las resoluciones internas del control social y político), a la vez que bajo el amparo constitucional y legal de la República de Colombia en materia de los derechos indígenas que incluye entre otros: la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT (ley 21 de 1991), los artículos 7, 246, 330 de la Constitución Política de Colombia